Donald Trump, campeón de la explotación petrolera, se complace en presentar el cambio climático como una manipulación descarada. Ahora, sin su conocimiento, se ha convertido en el primer VRP en energías renovables. En pocas semanas, la guerra en Oriente Medio hizo que el precio del Brent pasara de unos 60 a más de 100 dólares por barril y que el del petróleo sin plomo aumentara entre un 15 y un 20% en las estaciones francesas.
Este conflicto es un recordatorio de lo obvio, que irriga el presente y continúa poniendo en peligro el futuro. La limitación del cambio climático, y con ella la inestabilidad energética crónica, sigue siendo una fuente de repetidas crisis económicas. Una tragedia, sin duda, ya que la brecha entre discursos y acción política refleja la ausencia de una respuesta colectiva acorde a la urgencia.
A la inversa, las crisis recientes podrían haber constituido un punto de inflexión. La invasión rusa de Ucrania en 2022 y el posterior aumento de los precios de la energía deberían haber dado lugar a un ambicioso programa nacional y europeo de transición hacia una economía baja en carbono. La respuesta del Gobierno fue proponer un descuento y luego una compensación por el combustible, a un coste exorbitante, estimado por el Tribunal de Cuentas en 8,5 mil millones de euros. Estas medidas equivalen a confundir el horizonte político con el calendario electoral, y ese es su único interés.
Sin duda, el gran sociólogo alemán Max Weber vería en esto una confirmación de sus temores: cuando la búsqueda del poder prevalece sobre la ética de la responsabilidad, la política deja de pensar en el largo plazo. Con esta nueva crisis, una vez más, en lugar de anticipar y pensar en el futuro, la clase política francesa se refugia en propuestas con efectos nocivos claramente identificados.
Reducir el IVA sobre los combustibles, un impuesto universal que soportan todos independientemente de su riqueza, no garantiza en modo alguno una reducción equivalente de los precios, sino todo lo contrario. Este fenómeno dice paso a travésbien documentado por los economistas, multiplicaría las consecuencias de la crisis energética. El aumento de los precios, aunque atenuado, iría acompañado de una pérdida neta para las finanzas públicas, en beneficio de las empresas petroleras. La experiencia de la reducción del IVA en la restauración en 2009, introducida por el gobierno de François Fillon, ofrece un ejemplo de ello. Su caída del 19,6 al 5,5% tuvo un efecto muy modesto sobre los precios, estimado en un 1,9%. A pesar de la diferencia en los sectores mencionados, los mecanismos subyacentes siguen siendo idénticos.
La congelación de precios no ofrece soluciones más sostenibles. En 1990, tras la invasión iraquí de Kuwait, el gobierno de Pierre Bérégovoy congeló los precios del combustible durante cinco semanas. Si la medida contuvo temporalmente el aumento, no resolvió el desequilibrio económico. Ella sólo desplazó los efectos. Parte del shock fue aplazado, parte absorbido por los márgenes y aparecieron tensiones en la oferta. Otros experimentos para controlar los precios en el surtidor, especialmente en los Estados Unidos en la década de 1970 bajo Richard Nixon, tuvieron el efecto de exacerbar el costo soportado por los hogares, salpicado de escasez, colas y otros racionamientos. En otras palabras, el contexto y la evolución de la situación pueden afectar considerablemente el resultado de dicha política.
Sin embargo, ¿deberían renovarse los subsidios de combustible, como los introducidos en 2020? Sus consecuencias perjudiciales para las finanzas públicas desplazan el coste de la crisis sufrida, que posteriormente inevitablemente soportan todos los hogares. Peor aún, este tipo de política no focalizada beneficia a los hogares más ricos, que consumen más. En otras palabras, debilita la redistribución, refuerza las desigualdades de riqueza y fomenta el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, las emisiones brutas de carbono disminuyeron un 1,5% en 2025, frente a 1,8 en 2024 y 6,8 en 2023, una dinámica antagónica con el objetivo necesario de al menos una reducción del 4% impulsada por la estrategia nacional baja en carbono.
No obstante, la crisis energética puede convertirse en una palanca. Todavía tenemos que convertirlo en un instrumento de transformación y no en un amortiguador ciego. Esto requiere identificar a los hogares más limitados, con ingresos modestos, altamente dependientes del uso de su vehículo personal y con acceso limitado al transporte público, para sustentarlos individualmente. Una medida específica, basada en datos fiscales y restricciones de movilidad, preservaría los incentivos para adoptar comportamientos apropiados a las cuestiones climáticas, al tiempo que protegería a los más vulnerables. Esta información articularía un precio y volumen de combustible, específico para cada hogar, ajustable en el tiempo y comunicado a través de un método de pago electrónico móvil. Al igual que ocurre con los gastos sanitarios, los hogares afectados pagarían el importe indicado en la aplicación móvil, siendo abonada la diferencia por el Estado a las gasolineras. Esta compensación individualizada evitaría los escollos mencionados de la reducción del IVA, la congelación de precios o la compensación generalizada.
La emergencia no exime en modo alguno al Gobierno de repensar la transición energética nacional baja en carbono y de lanzar un programa de desarrollo de energías renovables, más allá de las hipotéticas nuevas centrales nucleares y de los anuncios del tercer programa energético plurianual. Finalmente, esta crisis revela una cuestión más profunda, la de la responsabilidad política frente a la distribución de la riqueza, aunque algunas compañías petroleras prosperen al ritmo de los conflictos, una realidad analizada precisamente por el Observatorio Fiscal Europeo.
◗ Cada mes, los investigadores de la Escuela Normal Superior de París-Saclay dan un paso atrás respecto de la actualidad para alejarse de debates estériles y comentarios radicales.
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