Este lunes 13 de enero, un centenar de organizaciones de prensa piden al gobierno que “garantizar la protección del secreto de las fuentes”ante la posible imputación de un periodista del medio de investigación Divulgar objeto de una investigación sobre violaciones de secretos de defensa.
Ariane Lavrilleux fue citada el viernes 17 de enero por un juez de instrucción, informó Disclose, que denuncia “un nuevo hito” cruzado “en la presión ejercida contra periodistas que investigan asuntos de Estado”. Según el director general de la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), Thibault Bruttin, “El asunto Lavrilleux no es un caso aislado, la cuestión no es teórica: la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior) convocado o detenido a 27 periodistas en los últimos quince años”.
El secreto de las fuentes está protegido desde 2010 por la ley Dati. Pero “El marco legal actual no es lo suficientemente protector y ahora se abusa o se elude”suplican las organizaciones firmantes de la carta, entre ellas la ONG RSF, los sindicatos SNJ y CFDT, la asociación Premio Albert-Londres y una serie de medios de comunicación, entre ellos StreetPress y Médiacités.
“Crear delito de violación del secreto de las fuentes”
En una carta abierta (PDF) al Primer Ministro, así como a los Ministros de Cultura, Interior, Justicia y Fuerzas Armadas, estas organizaciones presentan cinco propuestas, desarrolladas por un grupo de trabajo formado por periodistas y abogados especialistas en prensa. ley. Desde la Ley Dati, es posible levantar el secreto de las fuentes invocando una “imperativo primordial del interés público”que está mal delimitado. “Es imperativo reducir el campo” de esta noción, subrayan las organizaciones firmantes.
También exigen que “cualquier acto de investigación –como búsquedas, geolocalizaciones, etc. – que pueda vulnerar el secreto de las fuentes está sujeto a la autorización previa de un juez independiente”. Las organizaciones solicitan además que “Pueden utilizarlo otras personas además de los periodistas”como los autores de trabajos de investigación o los directores de documentales.
También se trataría de “crear un recurso que permita a los periodistas cuyas fuentes hayan sido descubiertas ilegalmente poder solicitar la nulidad de los actos de investigación en cuestión”. Finalmente, según ellos, sería necesario “generar un delito de violación del secreto de las fuentes”.
Estas vías se superponen en parte con las recomendaciones de los Estados Generales de Información (EGI) de septiembre de 2024. Desde entonces, la ministra de Cultura, Rachida Dati, ha indicado que sus servicios están trabajando en un proyecto de ley resultante de los EGI. “Por supuesto que tendremos que ir más allá” que la ley de 2010, “porque en torno a esta protección de fuentes hay un tema ligado a la tecnología digital y las redes sociales”declaró ante el Senado en octubre de 2024.