Cuando comenzaron a manifestarse a principios de mayo, los bolivianos exigían aumentos salariales, medidas contra la inflación y la retirada de una controvertida ley de propiedad de la tierra. Hoy, los campesinos, trabajadores, mineros y maestros movilizados, los más radicales apodados los “ponchos rojos”, exigen la salida del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, en el poder desde hace apenas seis meses.
Poco después de llegar al poder, Rodrigo Paz eliminó los subsidios a los combustibles, a los que se atribuye el drenaje de las reservas de dólares del país y lo que desencadenó la crisis actual. La medida hizo subir los precios y las gasolineras empezaron a vender gasolina de mala calidad, dañando miles de motores y alimentando la ira de los transportistas.
En el país, sumido en su peor crisis económica en cuarenta años, las movilizaciones están provocando escasez de alimentos, escasez de combustible y falta de medicamentos en los hospitales. La Paz, capital administrativa del país, está asfixiada por los bloqueos de carreteras levantados contra el gobierno. Por el momento no se vislumbra ningún resultado. El martes 19 de mayo las autoridades identificaron 44 puntos de bloqueo en todo el país, doce más que el día anterior.
En una nueva escalada de tensiones, el lunes estallaron enfrentamientos entre manifestantes y policías antidisturbios en La Paz. Se arrojaron piedras, palos y explosivos caseros contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Según la organización civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la jornada se saldó con más de 120 detenciones. El gobierno informó sobre edificios públicos saqueados, estaciones de teleférico de la ciudad dañadas y un vehículo policial incendiado.
La fiscalía anunció que había ordenado la detención del presidente del principal sindicato de trabajadores del país, Mario Argollo, uno de los líderes de las manifestaciones, acusado en particular de“incitación pública a cometer delitos” y de “terrorismo”.
Dos días antes, el viceministro del Interior y Policía, Hernán Paredes, anunció que un manifestante había muerto durante enfrentamientos con la policía tras caer a una zanja.
La policía anunció el despliegue el martes. “en las próximas horas” de un operativo para desbloquear las carreteras alrededor de La Paz y permitir la entrega de alimentos, medicinas y combustible.
El sábado pasado, policías y soldados lograron hacer llegar algunos convoyes después de doce horas de enfrentamientos con los manifestantes, antes de que se reforzaran nuevamente los controles de carretera. El gobierno ha establecido un “puente aéreo” de Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro) para abastecer la ciudad, sin poder cubrir la demanda.
Ante las presiones de la extrema derecha, que pide el establecimiento del estado de emergencia y una mayor represión contra los manifestantes, el presidente Rodrigo Paz sigue abogando por el diálogo. Según el diario local “Correo del Sur”, expresó su intención de retomar la reforma agraria pero proponiendo más consultas con las organizaciones sindicales. El sitio de noticias local Vision 360 informó que, mientras tanto, aprobó un pago extraordinario para los agentes del orden.
El Gobierno acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), bajo orden de detención por un caso de presunta trata de menores, de estar detrás de los disturbios. Los manifestantes son “operadores políticos” utilizado por Evo Morales para intentar regresar “en el poder”declaró el 18 de mayo al canal Red Uno el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Ya el 14 de mayo, durante una rueda de prensa recogida por el diario local “Opinión”, el portavoz de la presidencia, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un “plan macabro” supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó al expresidente Evo Morales y a sus aliados de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar el país y “romper la democracia”. morales “nunca ha aceptado definitivamente que Bolivia no pertenece a una sola persona ni a un solo proyecto político”, También había asegurado la expresidenta Jeanine Áñez, según Visión 360.
El diario conservador “El Deber” se hace eco de esta acusación. Titulando sobre el “Golpe de Estado de sectores ultraradicales” respecto a las movilizaciones, asegura que “el país se enfrenta a un peligroso movimiento radical de desestabilización política, social y económica” liderado por “sectores sindicalizados de ultraizquierda” cercano al expresidente Evo Morales.
Las recientes manifestaciones contra el poder en Bolivia constituyen un “golpe de estado”afirmó el martes el número dos de la diplomacia estadounidense, mostrando su apoyo al presidente de centroderecha Rodrigo Paz. “Es un golpe de Estado financiado por esta alianza antinatural entre la política y el crimen organizado en toda la región”declaró Christopher Landau, añadiendo que había hablado por teléfono con el jefe de Estado boliviano, aliado de Donald Trump.
“No es posible que tengamos un proceso democrático en el que (Rodrigo Paz) fue elegido abrumadoramente por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que hoy nos encontremos con manifestantes violentos bloqueando las calles”aseguró Christopher Landau. “Todos deberíamos estar muy preocupados por esto. »
