La 4T busca el monopolio de la industria del reciclaje

25 Abr, 2022

La 4T busca el monopolio de la industria del reciclaje

Dimas Romero

Conforme avanza el periodo del gobierno actual, la 4T va instrumentando políticas públicas que favorecen descaradamente al gran capital nacional, cuyo reacomodo de fuerzas implica la sustitución de los gremios de trabajadores por coorporativos afines al morenismo. Para demostrar esta afirmación, ofrezco a mis contados lectores un significativo botón.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sostiene, en su Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, que actualmente impulsa una Gestión Sustentable, para alcanzar la política de “Cero Residuos”, cuyo objetivo es sustituir el esquema tradicional con el cual funciona, por un modelo de Economía Circular que asegure un uso racional de los recursos naturales y, con ello, se favorezca el desarrollo sustentable en el país, para que los productos, materiales y recursos tengan una vida más larga y no sean destruidos, sino reutilizados. Con esto, se alcanzaría a eliminar un gran porcentaje de la emisión del CO2 que se produce actualmente.

En este tenor, en octubre del 2021 se presentaron a la Cámara de Senadores iniciativas como el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General Para La Prevencion y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y, en noviembre del mismo año, se expidió la Ley General de Economía Circular (LGEC), justificadas, según los legisladores, en que hoy México genera más de 44 millones de toneladas de residuos al año y aproximadamente el 90% de estos termina en tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios, en su mayoría mal operados o que no cumplen con la normatividad.

Por lo tanto, se ha generado una imperiosa necesidad de articular todas las políticas que se encaminen a reducir la generación de residuos, revalorización y promoción de su manejo integral. Esta situación motiva el que se impulsen ambos ordenamientos legales, en proceso de aprobación y aplicación, respectivamente.

Pues bien, aquí tenemos un ejemplo más de la tramposa forma en que se han venido aplicando los proyectos del Presidente de la República, porque sobre los datos verdaderos de esta realidad que requiere regulación, se asienta una política que, en resumidas cuentas, faculta a los ayuntamientos para gestionar el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y, a la vez, para concesionarlos a la iniciativa privada, pero excluyendo a los trabajadores e inversionistas locales que por décadas han encontrado un área de oportunidad y de fuentes de trabajo, en un campo que el gobierno ha desdeñado históricamente, manteniéndolo en el olvido y en total precariedad. Y lejos de tomar a este sector en cuenta, se ceden los derechos al gran capital y a los gremios sindicales afines a la 4T, que exigen su inclusión en la inversión y el control de los espacios laborales.

Esto, en los hechos, significa reemplazar a los recicladores en aras de la modernidad y de la eficiencia en el manejo de los residuos, la desaparición de millones empleos con que se sostienen miles de familias humildes, y que serán sustituidos por empresas con grandes capitales, es decir, afectar a los trabajadores en nombre de la modernidad. Con estas medidas, se deja en indefensión legal a quienes conforman la Cadena Productiva del Reciclaje, desde el eslabón primario hasta el que transforma.

No existen cifras oficiales sobre la cantidad de residuos que se recuperan mediante la pepena ni sobre la cantidad de personas que realizan esta actividad. Solo existen algunas estimaciones o inferencias apartir de estudios específicos, pero que son útiles para ilustrar lo que afirmo. Por ejemplo, Enrique Martínez Franco, Director del Instituto Nacional de Recicladores, A. C. (INARE), estima que al menos dos millones de familias dependen de esta actividad en las distintas etapas del proceso; por su parte, el investigador de la Universidad de Yale, Dr. Martín Medina, en su artículo “Ocho mitos sobre el reciclaje informal en América Latina” señala que el impacto de esta actividad en cinco ciudades mexicanas es de más de 21 millones de dólares al año y proporciona empleos para más de 3,000 personas; y Jane Olley, coordinadora de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo en América Latina y el Caribe, sostiene que en México hay casi 500 mil pepenadores.

Es decir, con estos datos como orientación, se puede uno imaginar lo que significa, en términos de fuentes de trabajo y de generación de recursos económicos, esta actividad que aparentemente se quiere corregir.

He aquí la 4T al desnudo como el gobierno que más eficientemente sirve al modelo económico neoliberal al que juró combatir, cuyo proceso natural de desarrollo va abarcando todos los sectores de la producción. Hoy se lanza sobre la Industria del Reciclaje, amparada en la necesidad de tener una actitud amigable con el medio ambiente, con una burda competencia gansteril, bajo el principio de “quítate tú, para que ponga a mi gente”.

No nos extrañemos si pronto nos encontramos a las gremiales morenistas como inversoras y aglutinadoras de nuevos trabajadores en rellenos sanitarios y centros de acopio.

He tenido la oportunidad de coincidir con el Lic. Francisco Urióstuegui Pineda y el C. Julio Morales Aquino, dirigentes nacional y del estado de Oaxaca, respectivamente, de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Rrecicladores (CONIMER).

Por lo tanto, conozco de primera mano el atentado que se comete contra la fuente de empleo de los casi 2 millones de miembros de este gremio. Ante lo cual, el próximo jueves 28 de abril, realizarán una manifestación de rechazo a esta política y, a la vez, exigiendo su derecho a que se respete su fuente de trabajo y se les incluya en este proyecto de modernización, inversión y financiamiento oficial para corregir las deficiencias en el manejo de los residuos.

Por mi conducto, el Movimiento Antorchista Nacional manifiesta su solidaridad con este gremio que sufre una de las más graves violaciones constitucionales, la de atentar contra el empleo digno, máxime que nuestro Estado no sólo se ha mostrado incapaz de garantizarlo a todos los mexicanos, sino que en este caso, con el hecho justificado de la necesaria corrección en este sector, desplaza a quienes se han dedicado por generaciones a este noble y sufrido oficio, cuando políticos y gobernantes no mostraron interés alguno. A la vez, invitamos a todos los sectores sociales que son maltratados y a todos aquellos que comprenden la necesidad de generar una sociedad organizada para que se respeten nuestros Derechos Humanos.

Hoy se trata del empleo de estos millones de mexicanos que se ganan honradamente el pan que llevan a sus hogares, mañana puede tratarse de cualquiera de nosotros.

Los antorchistas oaxaqueños anunciamos que estaremos presentes en su lucha, y al mismo tiempo, que lo estaremos en todas aquellas en las que se necesite el concurso de nuestra humilde presencia, y será con el único afan de demostrar que la solidaridad nuestra no son discursos, sino actos concretos.