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Oaxaca, Oaxaca.- En un intento por que el Gobierno del Estado concrete la reubicación de sus casas en la agencia de Santa Catarina Yetzelalag, en el municipio de San Ildelfonso Villa Alta, en la Sierra Norte, pobladores retienen desde el martes a cuatro servidores públicos.
Se trata de un jefe de departamento de la Comisión Estatal de Vivienda, Manuel Castellanos Martínez; de un representante de la Secretaría General de Gobierno, Jair David Pérez Ferrer; del Jefe de Departamento de Asistencia Técnica a Municipios de la Coordinación de Planeación y Desarrollo (Coplade); y de un supervisor de obras de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), Adolfredo Zarate Ramos.
Como ocurrió en diversos municipios de la Sierra Norte, desde 2010 en esta comunidad se registraron grietas que llevaron a las autoridades de Protección Civil a determinar su necesaria reubicación en 115 nuevas casas por construir, lo cual no se concreta a pesar de que han transcurrido siete años.
La situación de quienes ahí viven se agravó con los sismos de septiembre y las incesantes lluvias.
El tesorero del comisariado de Bienes Comunales, Lorenzo Gómez Pinos, narró que la retención es una medida de presión para que las autoridades estatales envíen maquinaria y a un topógrafo que les permita reubicar a 400 personas que habitan en 165 casas dañadas.
“Están acompañados con nosotros por la demanda de los pliegos petitorios desde 2010, el dictamen de asentamiento de terreno, supuestamente en esa fecha el Gobierno comprometió la reubicación a un lugar seguro, pero nunca se ha logrado”, dijo.
De acuerdo con el agente municipal, Jesús Cruz Tolino, la exigencia la provoca el cansancio de esperar el cumplimiento de minutas que han llenado sus archivos y que los ha hecho dar ”vueltas a la Ciudad de Oaxaca”, aun cuando no cuentan con los suficientes recursos.
Además, quienes ahí viven llegaron al límite: “Queremos ver acción, ya no con palabras ni minutas, por eso hasta el día de hoy todas las mujeres, niños y habitantes de nuestros pueblos estamos aquí desgastándonos físicamente, peleando por un derecho que no se ha resuelto.
De parte del Gobierno del Estado ningún titular de las dependencias a las que pertenecen los servidores públicos retenidos han hecho una declaración pública.
Aunque se solicitó entrevista a la Defensoría de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) para conocer si intervendrá, hasta el cierre de edición rechazaron la petición de entrevista solicitada por NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca.